Los ingresos recaudados en infracciones contra los derechos de las personas con discapacidad podrían destinarse a programas para lograr la accesibilidad universal de este colectivo si se produjese la reforma legislativa que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Congreso.
La entidad ve en esta modificación una oportunidad para que España solucione los “notables déficits” que todavía existen en España en cuanto a accesibilidad y que, en muchas ocasiones, se deben a la falta de recursos económicos públicos que la sufraguen.
Su propuesta pasa por modificar la Ley de Derechos de la Personas con Discapacidad de su Inclusión Social, aprobada por Real Decreto Legislativo, a la que se incorporaría una nueva disposición adicional que recoja esta situación.
El CERMI explica que estos ingresos “dejarían de engrosar indirectamente al Tesoro Público para destinarse específicamente a un órgano especializado de la Administración General del Estado, el organismo autónomo Real Patronato sobre Discapacidad, que los dedicaría, por tanto, a la dotación de programas de promoción y extensión de la accesibilidad universal en cooperación con el Tercer Sector de Acción social de la discapacidad”.
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